El Presidente Iván Duque firmó este jueves el Pacto por la vida y protección de los líderes sociales y personas defensoras de los Derechos Humanos, durante su visita a Apartadó, Antioquia.

“Si queremos garantizar la vida y la integridad de nuestros líderes sociales, tenemos que desmantelar las estructuras del crimen organizado que atentan contra ellos”, dijo el mandatario colombiano.

Duque asistió hoy al encuentro de diálogo social ‘Mesa por la protección a la vida’, efectuado en la región del Urabá Antioqueño, promovido por la Procuraduría y que contó con la participación de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales, entidades del Gobierno relacionadas con el tema, los altos mandos militares y policiales y representantes de la comunidad internacional.

Tras suscribir el acuerdo sobre esquemas efectivos de alertas tempranas y protección de líderes sociales, el Mandatario señaló que el compromiso del Gobierno es “con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de la legalidad, con la defensa del imperio de la ley, con garantizarles a todos los colombianos la libertad de expresión, con garantizarles a todas las personas que están ejerciendo la defensa de los derechos de los colombianos la protección por parte del Estado”.

Así mismo, calificó como un “gran hito” el trabajo del Gobierno y de los organismos del Estado para articular una política pública de protección de “la vida y la honra de nuestros líderes sociales, políticos, de nuestros periodistas, de todos los colombianos”.

La intervención de José Humberto Torres

Durante su intervención en el el diálogo social ‘Mesa por la protección a la vida’,  el defensor de los DDHH José Humberto Torres insistió en que "es una obligación del gobierno colombiano y de las instituciones del Estado  la adopción de medidas necesarias para prevenir y castigar las acciones de los grupos denominados sucesores o herederos del paramilitarismo". 

Torres, en nombre de los líderes sociales, expresó su temor "por la persistencia de estos grupos y su interacción con diversas formas de violencia que afectan a la sociedad en general y ponen en peligro el éxito de los acuerdos logrados con las FARC".

"En ese sentido queremos dejar expresada nuestra preocupación  por los escasos avances que se registran en el cumplimiento de los objetivos de la  Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en especial el relativo a la adopción de un plan de acción y de una política de erradicación de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo", apuntó el defensor de DDHH.

Dijo que "en los casos ocurridos entre 2009 a 2017 el índice de impunidad es del 91.4%; a la fecha solo hay 48 sentencias condenatorias, el 362 casos siguen en indagación".

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El pacto

El documento fue firmado por el Presidente Iván Duque, el procurador Fernando Carrillo Flórez, la vicefiscal María Paulina Riveros y el defensor Carlos Negret; y los gobernadores de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; la gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia, y el gobernador encargado de Chocó, Jhoany Carlos Palacios.

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